Reportes del 26 de octubre señalan que en el municipio de Guachochi, en la sierra de Chihuahua, un ataque armado —presuntamente vinculado a grupos delictivos— dejó múltiples víctimas entre muertos y heridos. Las autoridades estatales activaron despliegues de seguridad, acudieron peritos al lugar y emitieron alertas a las comunidades cercanas para que evitaran desplazamientos innecesarios. Algunas fuentes locales indican que el hecho se originó en una disputa territorial de crímenes organizados, aunque la fiscalía estatal aún no ha confirmado una línea oficial.

El gobierno del estado de Chihuahua declaró que el evento representa “una de las acciones más graves de la última semana” en la zona serrana y se comprometió a fortalecer la vigilancia y presencia policial. Para los habitantes de Guachochi y municipios adyacentes, este tipo de sucesos refuerzan la sensación de inseguridad y el vaciamiento de comunidades rurales que lleva años en curso.

Analistas señalan que la sierra tarahumara continúa siendo un área de alta vulnerabilidad, donde la dispersión geográfica y la infraestructura limitada favorecen la operatividad de grupos ilícitos. Desde la perspectiva estatal, la reciente ola de violencia plantea un reto para la cohesión social, la gobernabilidad y el desarrollo local. Los próximos días serán clave para determinar si la respuesta del gobierno logra contener la escalada o si se requiere intervención federal más profunda.