El Congreso del Estado de Chihuahua puso a discusión la iniciativa para adicionar el Código Penal estatal con el objetivo de sancionar la difusión indebida de imágenes, audios o videos vinculados a investigaciones y víctimas, iniciativa conocida como “Ley Ingrid”. 

La propuesta busca proteger la dignidad de víctimas y la integridad de procesos judiciales, estableciendo sanciones para servidores públicos que distribuyan material sensible sin autorización. Legisladores argumentaron que la medida responde a casos previos de filtraciones que revictimizan familiares y ponen en riesgo investigaciones. Organizaciones civiles pidieron garantizar que la ley no limite el derecho a la información ni a la prensa, proponiendo salvaguardas y mecanismos de transparencia. La discusión continuará en comisiones donde se evaluarán alcance, sanciones y excepciones para el cumplimiento informativo legítimo. 

La iniciativa responde a demandas sociales por respeto a víctimas; sin embargo, requiere precisión técnica para evitar colisiones con libertades públicas. El diseño jurídico deberá balancear protección y libertad informativa, con protocolos claros para el acceso y difusión de materiales probatorios. 

El resultado en comisiones marcará si la iniciativa avanza rápida o lentamente; es probable que reciba ajustes para compatibilizar protección y derechos periodísticos.