El gobierno venezolano criticó medidas de EE.UU. contra su buque petrolero, argumentando violaciones del derecho internacional.

Venezuela aseguró que la interceptación y confiscación de su buque con crudo constituye “piratería internacional” y “robo descarado”, acusando a EE.UU. de apropiarse de recursos bajo pretextos de lucha contra narcotráfico y terrorismo. Washington responde justificando las acciones por sanciones y vínculos con redes terroristas, en un contexto de presión militar y diplomática.
 
Este evento recalca la escalada en las relaciones hemisféricas y el uso de estrategias económicas-militares para presionar gobiernos de países productores de petróleo.

La dinámica de confrontación proyecta riesgos de polarización geopolítica y pone a prueba mecanismos multilaterales de resolución de conflictos.