La FGR corrigió su postura inicial sobre la explosión de un vehículo con explosivos en Coahuayana, Michoacán: ya no se considera atentado terrorista — ahora se busca deslindar responsabilidades bajo el esquema de crimen organizado. 

• El sábado 6 de diciembre un vehículo tipo camioneta explotó frente a la sede de la policía comunitaria del municipio de Coahuayana, dejando como saldo al menos cinco personas muertas y múltiples lesionados.
  
  
• Inicialmente, la FGR había informado que investigaría el hecho como delito de terrorismo mediante su Fiscalía Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.
  
  
• Sin embargo, en comunicado emitido este domingo, la dependencia explicó que la carpeta de investigación fue reclasificada como delito de delincuencia organizada, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y demás autoridades del gabinete de seguridad.
  
  
• En el sitio trabajan 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías ministeriales especializados —en criminalística, explosivos, balística, genética, telecomunicaciones, entre otras áreas— para identificar autores materiales e intelectuales y recabar evidencia técnica.
  
  
• Las autoridades también reportaron daños a múltiples vehículos y a las instalaciones de la policía comunitaria, lo que refuerza la gravedad del atentado.
  
  

El cambio de clasificación refleja un enfoque institucional orientado a ubicar el ataque dentro de la lógica del crimen organizado, más que en un acto de terrorismo en sentido estricto. Esto evidencia que los explosivos y tácticas violentas se usan como herramienta en disputas por territorio o poder por grupos delictivos, lo que exige un despliegue forense y de inteligencia exhaustivo. Además, la intervención de múltiples dependencias federales sugiere que las autoridades buscan dar un mensaje de contundencia frente a este tipo de agresiones. El riesgo: que la violencia normalice tácticas extremas como el coche bomba, elevando la necesidad de revisar protocolos de prevención, seguridad comunitaria y respuesta estatal.

La investigación continúa bajo la hipótesis de delincuencia organizada. En los próximos días habrá movilización forense y operativos de seguridad; la expectativa recae en los primeros resultados: identificación de responsables y posibles detenciones. La reclasificación anticipa que este caso podría abrir precedentes sobre cómo el Estado tipifica actos de violencia en contextos de crimen organizado.