Autoridades ambientales mexicanas presentaron un paquete de acciones legales y operativas para combatir la contaminación industrial, luego de investigaciones periodísticas que expusieron altos niveles de tóxicos en comunidades cercanas a plantas de procesamiento.

Las medidas incluyen multas millonarias a empresas infractoras, creación de una red avanzada de monitoreo de aire y revisiones estrictas de permisos ambientales. Sin embargo, residentes de zonas afectadas expresan que estas acciones son insuficientes frente al daño acumulado a la salud pública.
 
Este impulso regulatorio busca equilibrar necesidades económicas con crisis de salud ambiental, aunque exige mayor transparencia y participación comunitaria para asegurar eficacia. Empresas deben adaptar sus procesos a estándares más estrictos o enfrentar sanciones severas.
 
La batalla contra la contaminación industrial se perfila como un eje político y social clave de esta administración.