La salida y llegada de mandos en la FGR, junto con protestas de transportistas y campesinos, colocan en el centro la capacidad institucional para dirimir conflictos y avanzar en procesos judiciales de alto impacto.

En los últimos días de noviembre de 2025 la Fiscalía General de la República experimentó movimientos en puestos estratégicos: Ernestina Godoy asumió la titularidad interina y se anunciaron nombramientos en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Héctor Elizalde Mora fue señalado como responsable de la AIC; César Oliveros Aparicio aparece en la línea de mando en FEMDO, y hubo otros relevos en la Oficialía Mayor. Estos cambios fueron comunicados por medios nacionales y reportes especializados en seguridad e investigación. 

Simultáneamente, la Secretaría de Gobernación (Segob) negoció mesas de trabajo con transportistas y organizaciones campesinas para desactivar bloqueos que afectaron rutas logísticas en al menos 17 entidades; los acuerdos implican plazos para revisión de pagos, acciones en seguridad carretera y la intervención de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). La coincidencia temporal entre protestas y cambios en la FGR ha generado inquietud sobre la capacidad de las instituciones para dar seguimiento a investigaciones mientras atienden contingencias sociales. 

Entre las voces institucionales, expertos jurídicos han subrayado que la rotación de mandos puede aportar dinamismo si se acompaña de protocolos claros de continuidad de investigaciones y acceso a información por parte de víctimas y defensa; no obstante advierten riesgos de politización si los nombramientos responden a afinidades y no a perfiles técnicos comprobables. Organizaciones civiles insisten en la necesidad de transparencia en concursos y evaluaciones de desempeño. 

El desafío central es doble: contener y resolver demandas sociales (pagos, agua, seguridad en carreteras) y, a la vez, preservar la continuidad e imparcialidad de investigaciones criminales. El riesgo de que la agenda política o las urgencias del momento diluyan procesos judiciales requiere contrapesos institucionales —auditorías, comités de seguimiento y rendición pública de avances— para recuperar confianza ciudadana. 

La eficacia de los cambios en la FGR se medirá por resultados concretos: detenciones con base técnica, sentencias y aclaración de casos de alto perfil; por su parte, el cumplimiento de acuerdos sociales determinará si las movilizaciones vuelven a escalar.