El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reactivó el uso de la técnica de fracturación hidráulica (fracking) para extracción de hidrocarburos, una medida que ha profundizado las diferencias dentro de la coalición gobernante. 

Desde su anuncio, la postura energética ha sido respaldada por sectores del Partido Verde Ecologista, que destacan beneficios económicos y estratégicos para la seguridad energética. Sin embargo, legisladores de Morena y del Partido del Trabajo han expresado que la medida contraviene compromisos ambientales históricos y exige mayor salvaguarda de ecosistemas y comunidades afectadas. 

Esta división ocurre en un contexto en el que el oficialismo impulsa una serie de políticas económicas y energéticas de gran alcance, lo que pone a prueba la cohesión del bloque y obliga a negociaciones internas más complejas. 

El debate alrededor del fracking demuestra la tensión entre objetivos de crecimiento económico, independencia energética y compromisos ambientales que la administración actual busca equilibrar. La fragmentación interna puede tener repercusiones en la agenda legislativa y en la percepción ciudadana sobre prioridades de gobierno. 

Las discusiones sobre política energética continuarían marcando el ritmo político nacional, con atención puesta tanto en el impacto ambiental como en la viabilidad de proyectos estratégicos.