En los últimos días el país ha registrado manifestaciones juveniles a gran escala (con episodios de violencia en algunos puntos) y protestas del sector agropecuario por la legislación hídrica, lo que obliga al Ejecutivo a balancear medidas de orden público y apertura al diálogo.

La Presidencia ha condenado actos violentos mientras anuncia canales de atención; por su parte, productores exigen modificaciones legislativas. El panorama tensiona los incentivos políticos y podría repercutir en la agenda legislativa y en la percepción ciudadana sobre seguridad y gobernabilidad.

Observadores esperan pasos concretos en negociación legislativa y medidas de protección a periodistas y derechos humanos en las movilizaciones.