El asesinato del alcalde de Uruapan (Michoacán) —ocurrido en un acto público según reportes— generó rechazo y movilizaciones de la sociedad civil así como pronunciamientos de autoridades federales y estatales. La víctima era un dirigente local que había denunciado amenazas y exigido medidas enérgicas contra el crimen organizado.

Organizaciones civiles y población demandan una investigación inmediata, protección para funcionarios y mayor coordinación entre fuerzas federales y estatales. La muerte del alcalde agudiza el debate sobre la estrategia de seguridad y la necesidad de acciones concretas para garantizar la protección de servidores públicos y comunidades.