El gobierno peruano, mediante su ministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela, anunció que la decisión de México de conceder asilo diplomático a Betssy Chávez —quien se encontraba en la embajada mexicana en Lima— constituía un “acto inamistoso” que agrava tensiones diplomáticas previas entre ambos países. 

Chávez fue jefa de gabinete del ex presidente Pedro Castillo y enfrenta cargos por rebelión y conspiración tras el fallido intento de disolver el Congreso peruano en diciembre de 2022. 
 
Según la Fiscalía peruana, se busca una sentencia de hasta 25 o 26 años de prisión para ella. 

Según Perú, la medida mexicana se suma a una serie de intervenciones consideradas “inadmisibles” en su soberanía, tras episodios anteriores como el asilo de la familia de Castillo en México y declaraciones de alto nivel mexicano de apoyo al expresidente. 

México, por su parte, respondió calificando la ruptura como “excesiva y desproporcionada”, defendiendo el asilo bajo estándares internacionales de derechos humanos y tradición diplomática. 

En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantiene las relaciones consulares y comerciales con Perú, pero lamentó la decisión de Lima. 

Los efectos inmediatos incluyen la declaración de la encargada de la embajada mexicana en Lima como persona non grata y su expulsión en breve plazo, mientras que México dejará de tener embajador en Perú, aunque las funciones consulares seguirán operando. 

Analistas opinan que esta ruptura marca un punto crítico en las relaciones bilaterales entre dos de las principales democracias latinoamericanas, con implicaciones económicas, diplomáticas y de credibilidad regional para ambos países.