La propuesta llamada “Ley Ingrid” llegó al pleno del Congreso estatal el 2 de diciembre y será valorada en comisiones, donde se debatirán excepciones y mecanismos de control. 

La iniciativa busca tipificar la conducta de servidores públicos que compartan material sensible ligado a investigaciones y víctimas, con sanciones penales y administrativas. Organizaciones de derechos humanos apoyan la protección de las víctimas, pero advierten sobre la necesidad de garantizar la libertad de expresión y el trabajo periodístico. En comisiones se discutirán criterios para distinguir filtraciones maliciosas de información legítima de interés público, además de proponer protocolos institucionales y sanciones proporcionales. 

La tensión entre transparencia y protección a víctimas es un tema recurrente; un diseño normativo robusto puede ofrecer precedentes positivos si incorpora contrapesos y consulta amplia con la sociedad civil. 

El avance de la iniciativa dependerá de la negociación entre legisladores, colectivos periodísticos y agrupaciones de víctimas; se prevén reservas y ajustes técnicos.