La polémica envuelve la reciente movilización ciudadana conocida como la marcha de la 'Generación Z'. La funcionaria del gabinete federal, Luisa María Alcalde, hizo pública una presunta documentación que revelaría un contrato de más de 2 millones de pesos a favor de Edson Andrade, uno de los rostros visibles de la manifestación, por servicios de "Estrategia digital" para el Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México.

Esta revelación ha llevado a Morena a impulsar la creación de una comisión en el Congreso que investigue el origen de los recursos y la posible instrumentalización política de la marcha. El caso abre un frente de batalla política sobre la legitimidad de las protestas ciudadanas y el financiamiento de las campañas digitales.