En recientes declaraciones públicas y reportes locales, opositores y beneficiarios han señalado que recursos dirigidos a programas estatales han tenido demoras y recortes, lo que ha generado protestas y exigencias de auditorías. Voceros del gobierno estatal aseguran que se trata de ajustes presupuestales temporales y que se reforzarán mecanismos de entrega directa para evitar intermediarios. 

Analistas del estado consideran que la situación puede impactar la percepción ciudadana y las rutas de apoyo hacia los sectores más vulnerables, por lo que recomiendan una revisión urgente y mayor comunicación sobre criterios de elegibilidad y control. Varias notas regionales recogen testimonios de familias afectadas y llamados a la Fiscalía Anticorrupción para intervenir si se detectan irregularidades.