El 25 de noviembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que modifica el Código Penal Federal para fortalecer las sanciones contra el delito de extorsión. La reforma contempla penas de prisión de hasta 42 años en casos extremos, junto con disposiciones para mejorar la investigación, persecución y prevención de estos delitos. 

El cambio legislativo llega luego de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportara un incremento significativo en casos de extorsión: 5,887 víctimas registradas en el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento del 7 % respecto al mismo periodo del año anterior. 

Parlamentarios de distintas bancadas defendieron la reforma como una herramienta necesaria para frenar redes criminales que han aprovechado la impunidad para operar con violencia económica y amenazas. Sin embargo, expertos en derechos humanos han señalado que endurecer penas no basta por sí solo: advierten sobre la necesidad de reforzar capacidad investigadora, protección de víctimas y programas de prevención social para evitar que el delito resurja bajo otras modalidades.

El dictamen avanzó rápidamente, lo que demuestra la urgencia política ante la ola de denuncias. Ahora será revisado en Senado, con posibilidad de modificaciones antes de su promulgación definitiva.