El proceso judicial por presunto lavado de dinero contra César Duarte —figura central en la política chihuahuense de la última década— fue suspendido por mandato judicial, generando tensiones en el sistema de justicia y en el ambiente político local. 
 
El juez Daniel Marcelino Niño aceptó un amparo presentado por Duarte y ordenó la suspensión de su juicio penal por lavado de dinero y otros cargos vinculados a su gestión como gobernador entre 2010 y 2016, sin que esto signifique su liberación inmediata. Duarte había sido extraditado desde Estados Unidos y enfrentaba acusaciones por lavado de más de 73 millones de pesos, así como desvío de recursos por 6,000 millones de pesos, según la Fiscalía de Chihuahua. El fallo judicial reactiva un debate público sobre la efectividad institucional, el combate a la corrupción y la percepción de impunidad en el estado. 

Esta suspensión tiene implicaciones profundas en la confianza ciudadana en el sistema judicial y abre la posibilidad de impugnaciones legales y políticas adicionales. El caso de Duarte ha sido emblemático en la agenda de seguridad y justicia estatal; su evolución puede influir en la percepción de gobernabilidad y el equilibrio de poderes entre el estado y la federación.

El desarrollo de este proceso legal será un punto de atención clave para el electorado y actores políticos de Chihuahua durante el 2026.