En comunicados difundidos ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló los fundamentos legales que motivaron la concesión de asilo político a Betssy Chávez, exfuncionaria peruana acusada por su antiguo gobierno.

La cancillería sostuvo que la decisión cumple tratados internacionales y protocolos de protección a solicitantes en riesgo. La medida provocó reacciones adversas desde algunos sectores diplomáticos que consideran la acción polémica por su contexto político.

El Ejecutivo mexicano defendió la medida como una práctica bilateral legítima y recordó la obligación de proteger a personas cuya persecución pueda vulnerar derechos humanos.