En un cambio normativo de alto impacto, el Legislativo mexicano ratificó sanciones penales severas para la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos, buscando frenar su expansión, especialmente entre jóvenes. 

El Congreso de México aprobó este jueves un dictamen que introduce penas de cárcel de hasta 8 años para quienes vendan dispositivos de vapeo y productos similares sin cumplir regulaciones estrictas, o que los comercialicen a menores de edad. La iniciativa, respaldada por la mayoría legislativa, busca combatir el creciente uso de estos productos entre adolescentes y jóvenes, así como reducir riesgos asociados a problemas respiratorios y cardiovasculares. Organizaciones civiles y sectores de salud celebraron la decisión, aunque grupos de comerciantes solicitaron mayor claridad en la implementación y regulación para no afectar a microempresas formales que operan bajo marcos legales. 

Esta reforma representa una postura más rígida del Estado frente a productos que han generado preocupación pública por su aceptación amplia entre la juventud. Si bien fortalece el marco legal de salud pública, también demandará protocolos claros de inspección y aplicación para evitar ambigüedades y garantizar que los comerciantes formales no sean penalizados indebidamente. 

Una modificación legal significativa que busca salvaguardar la salud de la población, con efectos directos en comercio y regulación sanitaria.