El debate culminó con la aprobación en lo general de la iniciativa avalada por el bloque oficialista; oposición y organizaciones del campo denuncian falta de consulta y medidas de presión.

El 3–4 de diciembre de 2025 la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Aguas con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y respaldada por Morena y aliados, pretende regular concesiones y fortalecer control sobre el uso del recurso hídrico. Las reacciones incluyeron protestas masivas de campesinos y transportistas que consideran que la reforma limita derechos sobre pozos y transmisión de concesiones hereditarias. Durante las últimas 48 horas se registraron bloqueos carreteros y mesas de negociación con la Segob para mitigar el conflicto. Fuentes consultadas detallan cambios de último minuto presentados por la mayoría parlamentaria. 

La votación refleja la capacidad del bloque oficialista para impulsar reformas rápidas; el riesgo político es la radicalización de protestas rurales que podrían afectar distribución agrícola y cadenas logísticas. Las modificaciones recientes intentan suavizar impactos, pero la percepción de falta de consulta puede prolongar la tensión. 

La ley avanza; el examen público y la implementación serán el siguiente campo de disputa entre gobierno, productores y oposición.