Movilizaciones organizadas por agrupaciones agrícolas y transportistas comenzaron el 24 de noviembre y se extendieron al día siguiente. Los manifestantes demandan precios justos para cosechas, subsidios al diésel, y modificaciones a la Ley Nacional de Aguas; además exigen medidas contra extorsión y violencia en zonas rurales.

Las protestas incluyeron bloqueos en autopistas México–Toluca, México–Querétaro y el cierre temporal de aduanas fronterizas, especialmente en Ciudad Juárez, generando filas kilométricas de tráileres y afectaciones a la cadena logística.

El gobierno federal informó invitación al diálogo y desplegó Guardia Nacional para mantener orden, mientras algunos líderes agrarios rechazaron la calificación de actos políticos y sostienen que son demandas socioeconómicas. Economistas advierten impactos temporales en suministro y logística si los bloqueos se prolongan.