En su estrategia por incrementar producción de crudo, Pemex batalla con su pesada carga financiera: la deuda y los rígidos términos contractuales han espantado inversionistas nacionales e internacionales. 

Reportes del 3 de diciembre de 2025 indican que empresas globales interesadas en colaborar con Pemex —como Eni, SLB y Baker Hughes— han expresado reticencias ante la posibilidad de impago a proveedores y la exigencia de que Pemex retenga al menos 40 % de participación en nuevos proyectos. La compañía estatal busca lanzar 21 proyectos conjuntos, con la meta de sumar 450,000 barriles diarios hacia 2033. Sin embargo, la incertidumbre financiera y la baja confianza han puesto en riesgo dichos planes, obligando a revisar la estrategia de asociación. La actual administración enfrenta una prueba clave para conciliar nacionalismo energético con credibilidad financiera. 

El dilema de Pemex refleja el choque entre aspiraciones de soberanía energética y realidades de mercado: sin flexibilidad financiera ni condiciones atractivas para inversionistas, sus objetivos pueden quedar truncados. Una reestructuración de deuda o nuevos incentivos podrían ser necesarios.

Será fundamental adaptar condiciones de negocio y transparentar su viabilidad financiera; de lo contrario, la ambición de expansión petrolera podría quedar en promesa.